Luego de que la presidenta Dina Boluarte convocara oficialmente a elecciones generales para el año 2026, el Ministerio Público ha activado una serie de procedimientos orientados a verificar la legalidad de los partidos políticos que pretenden participar en dichos comicios. Una de las organizaciones bajo escrutinio es Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, agrupación política que ha mantenido un respaldo considerable a nivel nacional durante los últimos procesos electorales.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió una disposición que da inicio a las diligencias fiscales para evaluar si corresponde declarar ilegal al partido Fuerza Popular. Esta acción surge como respuesta a una solicitud presentada por la ciudadana Beatriz Adelo Cano Bernales, quien argumenta que dicho partido incurrió en actos de conducta antidemocrática entre los años 2011 y 2021. Como consecuencia, el caso ha sido asignado al fiscal adjunto supremo provisional Dante Emel Pimentel Cruzado, quien deberá dirigir la investigación.
¿Cuáles son los motivos en el qué consiste la acusación contra Fuerza Popular?
La acusación sostiene que el partido liderado por Keiko Fujimori incurrió en conductas contrarias al orden democrático en tres episodios específicos. El primero es el denominado ‘Caso Cocteles’, que involucra a la hija de Alberto Fujimori en presuntos aportes irregulares de dinero durante su campaña presidencial del año 2011.
El segundo corresponde al caso conocido como los ‘Mamanivideos’, en el que se implica al excongresista Kenji Fujimori por ofrecer obras públicas a cambio de votos contra la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El caso tuvo grandes consecuencias y provocó la renuncia del exjefe de Estado en marzo de 2018.
Finalmente, la solicitud también hace referencia a las alegaciones de fraude electoral pronunciadas por Keiko Fujimori tras su derrota en las elecciones presidenciales del 2021, declaraciones que fueron ampliamente difundidas por diversos medios y redes sociales.
En virtud de esta solicitud, el Ministerio Público ha ordenado diligencias específicas para reunir pruebas que permitan determinar si existe sustento legal para solicitar la ilegalización de Fuerza Popular. Entre las medidas adoptadas se encuentra el requerimiento de informes detallados a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sobre el estado actual de la investigación contra Keiko Fujimori.
